Sergio A. Villa
Es complicado entender el frenesí
de las autoridades durante la gestión del presidente Enrique Peña Nieto. El
Congreso de la Unión aprueba reformas Constitucionales de manera arrebatada sin un apropiado debate
por consigna y crea leyes al vapor, y todo por seguir el ritmo de un documento
llamado “Pacto por México” que no es otra cosa que un cabildeo expresado en una
hoja de papel. Tenemos un poder judicial federal que podría no salir tan
perjudicado en la crítica de su ejercicio, pero bueno, ese es tema para
discutir en otra ocasión. Por otro lado, tenemos un poder ejecutivo que toma
decisiones de forma intempestiva, reflejo de aquella oscura historia que todos
conocen y todos cuentan. Enfoquémonos en
lo que sucedió hace algunos días, cuando el Sistema de Administración
Tributaria (mejor conocido por sus siglas SAT) decidió hacer pública una lista
de contribuyentes morosos en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Esa
lista también contiene nombres de aquellas personas de las cuales “desconoce”
–ó dice desconocer- su domicilio. Es sencillo determinar lo que el SAT busca
con esa lista. Presionar a los contribuyentes morosos y exhibirlos. No
podríamos pensar en algo más.
Realicemos un
análisis jurídico de la medida desde el ámbito del orden jurídico nacional.
Para ser claros
y no perdernos en conocimiento que ya ha sido desarrollado en demasía,
extraemos del artículo primero Constitucional la máxima de que todas las
autoridades deben respetar los derechos humanos que el estado mexicano ha
reconocido y protegido a través de su precisión en la Constitución y en las normas generales que
nacen consecuencia de su propio texto[1].
Claro, claro, también aquellos que se encuentran en los tratados
internacionales[2].
La Constitución precisa que dicha obligación corresponde a todas las autoridades,
es decir, no se establece ningún tipo de distinción.
La voluntad del
constituyente ha sido otorgar una protección expresa para el derecho a la vida privada y de protección a
los datos personales. El derecho humano[3]
que referí anteriormente comienza a desarrollarse de forma modesta en el
artículo sexto constitucional en su apartado A, fracción II; el punto que nos
interesa dice que “La información que se refiere a la vida privada y los datos
personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las
leyes”. Dicho artículo señala que toda
la información en posesión de cualquier autoridad es pública, pero establece
excepciones sobre la información que se refiera a la vida privada de las
personas y a sus datos personales.
Continuando con
el análisis de la constitución sobre la privacidad y los datos personales, el
artículo 16 se vio reformado para ahora establecer una garantía de protección a
los datos personales de los gobernados. Dice dicho artículo que “Toda persona
tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación
y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los
términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los
principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad
nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para
proteger los derechos de terceros.” Consecuencia de dicha observación del
constituyente se creó la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión
de Particulares, lo que nos podría llevar a pensar que entonces lo que el
artículo 16 señala sobre la protección a datos personales no vincula a las
autoridades, sino a los particulares. De pensar así estaríamos errando en la
técnica de interpretación de la constitución. Recordemos que la
constitución contiene principios generales, abstractos y neutros sobre la
protección de la dignidad humana, por tal motivo, el artículo 16 también forma
parte de los componentes de la protección a la vida privada y los datos
personales de los particulares. La obligación de respetar el derecho humano a
la privacidad y a los datos personales no solo vincula a las autoridades, sino
también a los propios particulares, atendiendo a la doctrina sobre el
respeto de los derechos humanos de manera horizontal[4].
Pero no perdamos de vista el punto a tratar, sigue siendo la protección a la
privacidad y los datos personales por parte de las autoridades.
En resumen, los
datos personales y la vida privada de las personas se encuentra protegida por
la constitución y por el eco de la constitución a través de las normas
generales que desarrollen los mecanismos para la protección de dicho derecho.
Tenemos una Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, y una Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental[5];
la primera regula la conducta de los particulares, mientras que la segunda la
conducta de las autoridades[6].
Podemos
encontrar una definición legal[7]
de datos personales en el artículo 3, fracción II, de la
LFTAIPG. Nos dice el artículo citado que debemos comprender por datos
personales “cualquier información
concerniente a una persona identificada o identificable”. De nueva cuenta,
sin hacer distinción al tipo de información.
En el estudio
que hicimos sobre la LFTAIPG advertimos que también se señala que, para que la
información relativa a datos personales pueda ser sometida al dominio público,
deberá mediar autorización previa del titular de dicha información. Tal determinación
se lee del artículo 21 de la LFTAIPG, cuyo texto dice:
Artículo 21. Los sujetos obligados
(autoridades de la administración publica federal) no podrán difundir,
distribuir o comercializar los datos personales contenidos en los sistemas de
información, desarrollados en el ejercicio de sus funciones, salvo que haya mediado el consentimiento
expreso, por escrito o por un medio de autenticación similar, de los individuos
a que haga referencia la información.
(Lo resaltado no es de origen, como tampoco lo es el texto entre
paréntesis)
Entonces, la
Constitución establece que todas las autoridades deberán promover, respetar, proteger, tutelar y
garantizar de forma obligatoria el derecho de los gobernados a la vida privada y
la protección de sus datos personales. Podemos comprender por datos personales
toda la información referente a una persona[8]
identificada o identificable. Si bien es cierto, toda la información que se
encuentre en posesión de las autoridades es de carácter público no menos cierto
es que, como lo señala la Constitución, la información privada y los datos
personales serán protegidos en los términos y con las excepciones que las leyes
secundarias establezcan. La LFTAIPG señala que para que la información
referente a la vida privada de los gobernados y sus datos personales pueda ser
sometida al dominio público, deberá de mediar autorización expresa del
gobernado titular de dicha información, resaltamos que la autorización deberá
de ser previa a que se divulgue dicha información.
Esencialmente, el conflicto surge a partir del
texto del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, que determina que la
información pública en posesión del SAT
será reservada, pero estableciendo una excepción:
“La reserva a que se refiere el primer
párrafo de este artículo no resulta aplicable respecto del nombre, denominación
o razón social y clave del registro federal de contribuyentes de aquéllos que
se encuentren en los siguientes supuestos:
I. Que tengan a su cargo créditos fiscales
firmes.
II.
Que tengan a su cargo créditos fiscales determinados, que siendo exigibles, no
se encuentren pagados o garantizados en alguna de las formas permitidas por
este Código.
III.
Que estando inscritos ante el registro federal de contribuyentes, se encuentren
como no localizados.
IV.
Que haya recaído sobre ellos sentencia condenatoria ejecutoria respecto a la
comisión de un delito fiscal.
V.
Que tengan a su cargo créditos fiscales que hayan sido afectados en los
términos de lo dispuesto por el artículo 146-A de este Código.
VI.
Que se les hubiere condonado algún crédito fiscal.”
Luego entonces, dicha porción normativa habilita al SAT para publicar en su portal una lista con nombre, denominación o razón social y clave del registro federal de contribuyentes, de aquellas personas que encuadren en alguno de los apartados del artículo anteriormente señalado. Se establece un procedimiento “de aclaración” para inconformarse con dicha publicación, permitiéndosele al gobernado aportar pruebas para reforzar sus manifestaciones sobre su inconformidad.
Advertimos una
antinomia entre normas. Por su parte, la LFTAIPG señala que los datos
personales de los gobernados deberán de ser protegidos y solo podrán ser dados
a conocer cuando medie autorización expresa del titular de dichos datos de
manera previa, pero el CFF[9]
habilita al SAT realizar la publicación
de dichos datos personales sin tomar en cuenta la hipótesis normativa de la
LFTAIPG. El artículo 69 del CFF y el diverso artículo 21 de la LFTTAIPG se
contraponen de manera evidente y, atendiendo al principio pro persona contenido
en el artículo primero de la Constitución, deberá prevalecer como
Constitucional aquella porción normativa que prevé un espectro de protección más amplio del
derecho humano a la vida privada y de datos personales, es decir, la hipótesis
del artículo 21 de la LFTAIPG[10].
¿Cómo afecta a
los particulares esta medida incorrecta?
Cuando una
persona busca solicitar un crédito con alguna institución, como ya es bien
sabido, estas empresas recurren de manera habitual a una herramienta del mal
llamada “Buró de Crédito[11]”.
Las instituciones crediticias consultan el record de sus prospectos a clientes
para ver su comportamiento de pago con las diversas instituciones con las
cuales tienen alguna obligación de pago derivada de otro crédito ó servicio con
pago a crédito, para determinar si son personas
de fiar[12]. Bueno, así podría pasar con esos
contribuyentes, de ese modo podrían ver afectadas sus empresas o actos jurídicos
que les generen algún tipo de ingreso. Así podría verse afectada la celebración
de un contrato de crédito para que puedan impulsar su actividad mercantil, es
decir, la medida podría afectar su honor, su dignidad como personas, lo que
resulta ser totalmente contrario a las aspiraciones de Justicia de nuestro
estado Constitucional de Derecho. También los señalamientos en los medios de comunicación,
las burlas, o las notas rojas en las publicaciones.
¿En qué se equivocó
el SAT?
Luego del
desarrollo anterior la respuesta es clara. El SAT, siendo una autoridad federal
se encuentra obligada a respetar el derecho humano de los gobernados a la vida
privada y la protección de sus datos personales. Sus actos deben ser atinentes
a la expresión constitucional del principio pro persona y, de advertir una
contradicción entre las normas que regulan lo relativo al tratamiento de información
privada y datos personales, debió aplicar aquella que prevé un espectro de protección
más amplio, esa es la obligación que la constitución les impone. Por lo
contrario, hacer pública la dichosa lista negra con el nombre de los
contribuyentes morosos y su clave del registro federal de contribuyente,
resulta ser contraria a los principios constitucionales de respeto al derecho
humano a la vida privada y datos personales, y a su desarrollo en las normas
generales.
¿Qué debió
hacer el SAT en relación a la publicación de datos de contribuyentes incumplidos?
Sencillo, los
litigantes que han incoado un proceso de amparo darán testimonio de ello. SAT, debió
notificar de forma adecuada a los contribuyentes su intención de publicar una lista
en la que se mencionaran sus datos personales con motivo de lo que expresa el artículo
69 del CFF, otorgándoles un plazo razonable para que manifestaran si era su
deseo que sus datos fuesen publicados o no. De no recibirse respuesta en el
plazo señalado, debería de comprenderse que no era su voluntad que aparecieran
sus datos personales en esa lista. Así es como se desarrolla la actividad de
tutela del derecho de protección a la vida privada y datos personales en los
tribunales de amparo.
La lista sigue
publicada en el portal del SAT, y ya se ha iniciado la ola de amparos en contra
de dicho acto de autoridad, solo queda esperar las resoluciones que puedan
generarse o que el SAT, ceda ante dicha presión. Por otro lado, existe una
responsabilidad que puede afectar aspectos patrimoniales de los particulares y que no seria totalmente resarcida con la sentencia de amparo. Lo relativo a la reparación de
los daños ocasionados a una persona por la violación a un derecho fundamental
es un tema para analizar, claro, posteriormente...
[1] No
solo la Constitución se refiere a los derechos humanos; todo el ordenamiento
jurídico contiene expresiones sobre los derechos humanos.
[2] La
moda del derecho internacional nos hace buscar ideas para justificar lo que
nuestro derecho interno protege de forma clara y con mayor espectro que el
propio derecho internacional.
[3]
Como podrán notarlo, en esta ocasión empleo más el concepto derechos humanos.
Procuro usar el de “derechos fundamentales”, pero definitivamente hay notas
distintivas entre uno y otro que serán motivo de un análisis posterior.
[4] La
que no solo queda en aspiraciones meramente dogmáticas, sino que ya ha
comenzado a gestar criterios interpretativos del poder judicial federal que son
vinculantes. Para ver algo acerca de ello, recomendamos la tesis aislada y su
correspondiente ejecutoria, que se
identifica con el siguiente número de registro: 166676.
[5]
A la que haremos alusión con las siglas LFTAIPG.
[6]
Manifestación que es clara, pero se vuelve patente con lo expresado por el
legislador en dicha ley en su artículo 3, fracción XIV, precisando quienes son
los sujetos obligados.
[7]
Entendiendo el concepto “definición legal”, como la acción que consiste fijar
con claridad y precisión la significación de una palabra en determinado
compendio normativo.
[8] La
Constitución señala personas, sin hacer distinción –de nueva cuenta- entre
personas físicas o jurídicas, ergo, todo tipo de persona tiene garantizado
dicho derecho.
[9]
Siglas empleadas para referirnos al Código Fiscal de la Federación.
[10]
La inconstitucionalidad de una norma no solo surge de su disparidad con la Constitución,
también se materializa de su disparidad con una norma que realice un correcto
desarrollo de la cláusula Constitucional que contenga la garantía expresa a un
derecho humano. Conviene consultas la tesis aislada cuya voz ”LEYES. SU
INCONSTITUCIONALIDAD PUEDE DERIVARSE DE LA CONTRADICCIÓN CON OTRA LEY, A TRAVÉS
DE LA DEMOSTRACIÓN DE TRANSGRESIÓN A LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA POR LA
NORMA APLICADA EN PERJUICIO DEL QUEJOSO.” Puede
ser localizada con su número de registro:
185138. También se sugiere consultar la tesis de jurisprudencia por reiteración de numero de registro:161139.
[11] Este
Buro de Crédito, a su vez, transgrede de manera horizontal el derecho humano de
protección a la vida privada y los datos personales de los particulares. Es
totalmente contraria a lo que desarrolla la Ley Federal de Protección a los
Datos Personales en Posesión de Particulares.
