El aspecto material del acceso a la justicia.

"Que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda en contra del arbitrario"

José María Morelos y Pavón.

En esta ocasión me detengo un momento a reflexionar sobre la garantía de acceso a la justicia. Si, lo he escrito como es, una garantía. Podrán decir que es incorrecto señalar que el acceso a la justicia es una garantía, sobre todo tomando en cuenta el cambio de la denominación del primer título de la Constitución Política, pero sin lugar a dudas es un derecho que debe catalogarse como una garantía cuya función es la de proteger diversos derechos humanos. Muy seguramente esta nota introductoria servirá como venero para otra reflexión sobre lo que debemos comprender por garantía, y lo que debemos comprender por derecho humano. 

                  Bien, juzgadores y justiciables, acostumbrados a la clásica fórmula de interpretación del artículo 17 Constitucional, consideraban que el acceso efectivo a la impartición de justicia se materializaba al tener un tribunal que se encontrara presto para escuchar las alegaciones de correspondencia de un determinado derecho. Sin embargo, en una reflexión más progresista se hace necesario precisar algunos puntos del alcance del artículo 17 de nuestra norma habilitadora.

Que el gobernado cuente con un tribunal que imparta justicia conforme a los prolegómenos que integran dicha garantía, no resulta ser de manera aislada, la única forma en que el estado protege ese acceso a la impartición de justicia. Claro es, que la garantía de acceso a la impartición de justicia, no solo debe de concebirse desde un punto de vista meramente dogmático, sino que, también, debe de tenerse presente el elemento real del acceso a la impartición de justicia; la posibilidad de que el gobernado acceda a un tribunal en el cual se realice el ejercicio jurisdiccional de forma adecuada. Si el Estado tiene la misión de procurar el bien común mediante el ejercicio de la administración, la jurisdicción y la creación del ordenamiento que promueva dicho bien común, evidentemente también es misión del estado crear las células que permitan que todo individuo de su territorio pueda gozar de las prerrogativas fundamentales inherentes a su calidad como ser humano y de aquellos derechos que surgen de la mecánica de la convivencia social en relación con el ejercicio de regulación de la conducta del ser humano, realizado por el ente Estado. Entonces podemos sostener que el acceso a la justicia también cuenta con un elemento fáctico, es decir, el acceso a la justicia desde una interpretación ampliada puede comprenderse como la posibilidad de que esos tribunales a los que el gobernado puede comparecer a plantear una controversia, se encuentren al acceso  rápido, sencillo y sin obstáculos para el gobernado; claro, un acceso territorial. 

Supongamos que se tuviese un determinado órgano judicial, pero que este órgano judicial se encuentra  en una metrópoli de difícil acceso para los grupos vulnerables, o viceversa, entonces dogmáticamente se habrá cumplimentado la obligación del estado de proporcionar un tribunal para resolver conflictos derivados de una controversia de derechos, pero realmente, el estado no estaría cumpliendo de forma completa con el acceso del gobernado a ese derecho, quedaría incólume la voluntad y necesidad del Constituyente al establecer la garantía de acceso efectivo de los gobernados a un tribunal que imparta “JUSTICIA”.

Una perspectiva más amplia de lo que pretende el acceso a la impartición de justicia, como lo señala Hernando Devis Echandia, implica que  “no se trata de que en cada lugar exista un juez, pero sí de que no haya ninguno que no esté sometido a la competencia de algún juez. Porque la jurisdicción es un derecho subjetivo del Estado para someter a ella a toda persona natural o jurídica, que se encuentre dentro del territorio nacional; pero es también una obligación del Estado, para prestar con ella el servicio de administración de justicia a toda persona que lo solicite y en todo el territorio nacional”.[1]  Es decir, una interpretación más amplia debe conducirnos a afirmar que el derecho de acceso a la justicia no se limita a consignar la posibilidad meramente formal de acudir ante los tribunales para formular pretensiones o defenderse de ellas; sino que implica, además, el deber del Estado de remover todos aquellos obstáculos materiales que impidan o dificulten el acceso efectivo de las personas a los tribunales.[2]

Abandonada dicha teoría, es necesario volver a retomar el cauce de la interpretación progresiva del artículo 17 Constitucional, para arribar a la conclusión clara y contundente de que no solo deberá de darse una interpretación dogmática del artículo 17 Constitucional, sino que será de capital importancia poder llevar al campo real lo que la voluntad del Constituyente, reflejada en la premisa del artículo 17 Constitucional, busca proteger; que los justiciables tengan un tribunal de impartición de justicia, que cuente con todos los elementos necesarios para que se tenga un acceso efectivo y real a la impartición de justicia, de forma completa, sin ningún tipo de obstáculo o barrera. Corolario de lo anterior cobra aplicación el siguiente criterio interpretativo;

ARTICULO 17 CONSTITUCIONAL.
 

La garantía que establece este precepto, de que los tribunales estarán expeditos para administrar la justicia, significa que el poder público debe proveer a la instalación de los tribunales que la Constitución Federal y las Constituciones de los Estados instituyan, y dotarlos de los elementos necesarios que hagan posible su funcionamiento, y no que los Jueces resuelvan sin apegarse a las leyes, los juicios que se sometan a su decisión, y las violaciones a las leyes del procedimiento o a las de fondo, en el ramo civil, no pueden ser materia de la violación del artículo 17 de la Constitución Federal.[3]

Ya que la protección de un derecho amplía su espectro hasta los límites de la argumentación y aquellos que, atendiendo al principio de razonabilidad, la norma puede establecer, y por no encontrarse ninguna limitación para dar cabida a la presente interpretación, es entonces, que es obligación del Estado crear Órganos que diriman los conflictos de derechos, y el estado, en cumplimiento de dicha obligación tendrá que dotar de todos y cada uno de los elementos necesarios a dichos tribunales para que el justiciable pueda acudir a ellos (elemento real) a promover sus alegaciones (elemento dogmático) de manera cómoda. No por ello tenemos que pensar en que esta medida pueda ser el cumplimiento de un capricho a un determinado grupo, por el contrario, el derecho y los esquemas programáticos tienen que buscar ajustar a cada grupo, a cada individuo, la protección o desarrollo de un derecho; es esa la máxima de un Estado Constitucional, Social y Democrático de Derecho. Un estado que se rige bajo los postulados de justicia y equidad; un estado que a cada persona da lo suyo en la medida en la que le corresponde y un estado que igual protege a ricos como protege a pobres.

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[1] Devis Echandía, Hernando, Teoría general del proceso, Buenos Aires, Editorial Universidad, 1997, pp. 130 y 131.

[2] Ovalle Favela, José, Garantías constitucionales del proceso, México, McGraw- Hill, 1996, p. 290.

 [3] Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tercera Sala, Tomo LXXIV, Página  2893

¿En qué se equivoco el SAT?

Sergio A. Villa

Es complicado entender el frenesí de las autoridades durante la gestión del presidente Enrique Peña Nieto. El Congreso de la Unión aprueba reformas Constitucionales  de manera arrebatada sin un apropiado debate por consigna y crea leyes al vapor, y todo por seguir el ritmo de un documento llamado “Pacto por México” que no es otra cosa que un cabildeo expresado en una hoja de papel. Tenemos un poder judicial federal que podría no salir tan perjudicado en la crítica de su ejercicio, pero bueno, ese es tema para discutir en otra ocasión. Por otro lado, tenemos un poder ejecutivo que toma decisiones de forma intempestiva, reflejo de aquella oscura historia que todos conocen y todos cuentan.  Enfoquémonos en lo que sucedió hace algunos días, cuando el Sistema de Administración Tributaria (mejor conocido por sus siglas SAT) decidió hacer pública una lista de contribuyentes morosos en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Esa lista también contiene nombres de aquellas personas de las cuales “desconoce” –ó dice desconocer- su domicilio. Es sencillo determinar lo que el SAT busca con esa lista. Presionar a los contribuyentes morosos y exhibirlos. No podríamos pensar en algo más.

Realicemos un análisis jurídico de la medida desde el ámbito del orden jurídico nacional.

Para ser claros y no perdernos en conocimiento que ya ha sido desarrollado en demasía, extraemos del artículo primero Constitucional la máxima de que todas las autoridades deben respetar los derechos humanos que el estado mexicano ha reconocido y protegido a través de su precisión en  la Constitución y en las normas generales que nacen consecuencia de su propio texto[1]. Claro, claro, también aquellos que se encuentran en los tratados internacionales[2]. La Constitución precisa que dicha obligación corresponde a todas las autoridades, es decir, no se establece ningún tipo de distinción.

La voluntad del constituyente ha sido otorgar una protección expresa para el  derecho a la vida privada y de protección a los datos personales. El derecho humano[3] que referí anteriormente comienza a desarrollarse de forma modesta en el artículo sexto constitucional en su apartado A, fracción II; el punto que nos interesa dice que “La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes”.  Dicho artículo señala que toda la información en posesión de cualquier autoridad es pública, pero establece excepciones sobre la información que se refiera a la vida privada de las personas y a sus datos personales.

Continuando con el análisis de la constitución sobre la privacidad y los datos personales, el artículo 16 se vio reformado para ahora establecer una garantía de protección a los datos personales de los gobernados. Dice dicho artículo que “Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.”  Consecuencia de dicha observación del constituyente se creó la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, lo que nos podría llevar a pensar que entonces lo que el artículo 16 señala sobre la protección a datos personales no vincula a las autoridades, sino a los particulares. De pensar así estaríamos errando en la técnica de interpretación de la constitución. Recordemos que la constitución contiene principios generales, abstractos y neutros sobre la protección de la dignidad humana, por tal motivo, el artículo 16 también forma parte de los componentes de la protección a la vida privada y los datos personales de los particulares. La obligación de respetar el derecho humano a la privacidad y a los datos personales no solo vincula a las autoridades, sino también a los propios particulares, atendiendo a la doctrina sobre el respeto de los derechos humanos de manera horizontal[4]. Pero no perdamos de vista el punto a tratar, sigue siendo la protección a la privacidad y los datos personales por parte de las autoridades.

En resumen, los datos personales y la vida privada de las personas se encuentra protegida por la constitución y por el eco de la constitución a través de las normas generales que desarrollen los mecanismos para la protección de dicho derecho.

Tenemos una Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, y una Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental[5]; la primera regula la conducta de los particulares, mientras que la segunda la conducta de las autoridades[6].

Podemos encontrar una definición legal[7] de datos personales en el artículo 3, fracción II,  de la  LFTAIPG. Nos dice el artículo citado que debemos comprender por datos personales “cualquier información concerniente a una persona identificada o identificable”. De nueva cuenta, sin hacer distinción al tipo de información.

En el estudio que hicimos sobre la LFTAIPG advertimos que también se señala que, para que la información relativa a datos personales pueda ser sometida al dominio público, deberá mediar autorización previa del titular de dicha información. Tal determinación se lee del artículo 21 de la LFTAIPG, cuyo texto dice:

Artículo 21. Los sujetos obligados (autoridades de la administración publica federal) no podrán difundir, distribuir o comercializar los datos personales contenidos en los sistemas de información, desarrollados en el ejercicio de sus funciones, salvo que haya mediado el consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación similar, de los individuos a que haga referencia la información.

(Lo resaltado no es de origen, como tampoco lo es el texto entre paréntesis)

Entonces, la Constitución establece que todas las autoridades deberán  promover, respetar, proteger, tutelar y garantizar de forma obligatoria el derecho de los gobernados a la vida privada y la protección de sus datos personales. Podemos comprender por datos personales toda la información referente a una persona[8] identificada o identificable. Si bien es cierto, toda la información que se encuentre en posesión de las autoridades es de carácter público no menos cierto es que, como lo señala la Constitución, la información privada y los datos personales serán protegidos en los términos y con las excepciones que las leyes secundarias establezcan. La LFTAIPG señala que para que la información referente a la vida privada de los gobernados y sus datos personales pueda ser sometida al dominio público, deberá de mediar autorización expresa del gobernado titular de dicha información, resaltamos que la autorización deberá de ser previa a que se divulgue dicha información.

 Esencialmente, el conflicto surge a partir del texto del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, que determina que la información pública en posesión del  SAT será reservada, pero estableciendo una excepción:

“La reserva a que se refiere el primer párrafo de este artículo no resulta aplicable respecto del nombre, denominación o razón social y clave del registro federal de contribuyentes de aquéllos que se encuentren en los siguientes supuestos:

I. Que tengan a su cargo créditos fiscales firmes.

 II. Que tengan a su cargo créditos fiscales determinados, que siendo exigibles, no se encuentren pagados o garantizados en alguna de las formas permitidas por este Código.

 III. Que estando inscritos ante el registro federal de contribuyentes, se encuentren como no localizados.

 IV. Que haya recaído sobre ellos sentencia condenatoria ejecutoria respecto a la comisión de un delito fiscal.

 V. Que tengan a su cargo créditos fiscales que hayan sido afectados en los términos de lo dispuesto por el artículo 146-A de este Código.

 VI. Que se les hubiere condonado algún crédito fiscal.”

                 Luego entonces, dicha porción normativa habilita al SAT para publicar en su portal una lista con nombre, denominación o razón social y clave del registro federal de contribuyentes, de aquellas personas que encuadren en alguno de los apartados del artículo anteriormente señalado. Se establece un procedimiento “de aclaración” para inconformarse con dicha publicación, permitiéndosele al gobernado aportar pruebas para reforzar sus manifestaciones sobre su inconformidad.

Advertimos una antinomia entre normas. Por su parte, la LFTAIPG señala que los datos personales de los gobernados deberán de ser protegidos y solo podrán ser dados a conocer cuando medie autorización expresa del titular de dichos datos de manera previa, pero el CFF[9] habilita al SAT  realizar la publicación de dichos datos personales sin tomar en cuenta la hipótesis normativa de la LFTAIPG. El artículo 69 del CFF y el diverso artículo 21 de la LFTTAIPG se contraponen de manera evidente y, atendiendo al principio pro persona contenido en el artículo primero de la Constitución, deberá prevalecer como Constitucional aquella porción normativa que prevé  un espectro de protección más amplio del derecho humano a la vida privada y de datos personales, es decir, la hipótesis del artículo 21 de la LFTAIPG[10].

¿Cómo afecta a los particulares esta medida incorrecta?

Cuando una persona busca solicitar un crédito con alguna institución, como ya es bien sabido, estas empresas recurren de manera habitual a una herramienta del mal llamada “Buró de Crédito[11]”. Las instituciones crediticias consultan el record de sus prospectos a clientes para ver su comportamiento de pago con las diversas instituciones con las cuales tienen alguna obligación de pago derivada de otro crédito ó servicio con pago a crédito, para determinar si son personas de fiar[12]. Bueno, así podría pasar con esos contribuyentes, de ese modo podrían ver afectadas sus empresas o actos jurídicos que les generen algún tipo de ingreso. Así podría verse afectada la celebración de un contrato de crédito para que puedan impulsar su actividad mercantil, es decir, la medida podría afectar su honor, su dignidad como personas, lo que resulta ser totalmente contrario a las aspiraciones de Justicia de nuestro estado Constitucional de Derecho. También los señalamientos en los medios de comunicación, las burlas, o las notas rojas en las publicaciones.

¿En qué se equivocó el SAT?

Luego del desarrollo anterior la respuesta es clara. El SAT, siendo una autoridad federal se encuentra obligada a respetar el derecho humano de los gobernados a la vida privada y la protección de sus datos personales. Sus actos deben ser atinentes a la expresión constitucional del principio pro persona y, de advertir una contradicción entre las normas que regulan  lo relativo al tratamiento de información privada y datos personales, debió aplicar aquella que prevé un espectro de protección más amplio, esa es la obligación que la constitución les impone. Por lo contrario, hacer pública la dichosa lista negra con el nombre de los contribuyentes morosos y su clave del registro federal de contribuyente, resulta ser contraria a los principios constitucionales de respeto al derecho humano a la vida privada y datos personales, y a su desarrollo en las normas generales.

¿Qué debió hacer el SAT en relación a la publicación de datos de contribuyentes incumplidos?

Sencillo, los litigantes que han incoado un proceso de amparo darán testimonio de ello. SAT, debió notificar de forma adecuada a los contribuyentes su intención de publicar una lista en la que se mencionaran sus datos personales con motivo de lo que expresa el artículo 69 del CFF, otorgándoles un plazo razonable para que manifestaran si era su deseo que sus datos fuesen publicados o no. De no recibirse respuesta en el plazo señalado, debería de comprenderse que no era su voluntad que aparecieran sus datos personales en esa lista. Así es como se desarrolla la actividad de tutela del derecho de protección a la vida privada y datos personales en los tribunales de amparo.

La lista sigue publicada en el portal del SAT, y ya se ha iniciado la ola de amparos en contra de dicho acto de autoridad, solo queda esperar las resoluciones que puedan generarse o que el SAT, ceda ante dicha presión. Por otro lado, existe una responsabilidad que puede afectar aspectos patrimoniales de los particulares y que no seria totalmente resarcida con la sentencia de amparo. Lo relativo a la reparación de los daños ocasionados a una persona por la violación a un derecho fundamental es un tema para analizar, claro, posteriormente...

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[1] No solo la Constitución se refiere a los derechos humanos; todo el ordenamiento jurídico contiene expresiones sobre los derechos humanos.

[2] La moda del derecho internacional nos hace buscar ideas para justificar lo que nuestro derecho interno protege de forma clara y con mayor espectro que el propio derecho internacional.

[3] Como podrán notarlo, en esta ocasión empleo más el concepto derechos humanos. Procuro usar el de “derechos fundamentales”, pero definitivamente hay notas distintivas entre uno y otro que serán motivo de un análisis posterior.

[4] La que no solo queda en aspiraciones meramente dogmáticas, sino que ya ha comenzado a gestar criterios interpretativos del poder judicial federal que son vinculantes. Para ver algo acerca de ello, recomendamos la tesis aislada y su correspondiente ejecutoria,  que se identifica con el siguiente número de registro: 166676.

[5] A la que haremos alusión con las siglas LFTAIPG.

[6] Manifestación que es clara, pero se vuelve patente con lo expresado por el legislador en dicha ley en su artículo 3, fracción XIV, precisando quienes son los sujetos obligados.

[7] Entendiendo el concepto “definición legal”, como la acción que consiste fijar con claridad y precisión la significación de una palabra en determinado compendio normativo.

[8] La Constitución señala personas, sin hacer distinción –de nueva cuenta- entre personas físicas o jurídicas, ergo, todo tipo de persona tiene garantizado dicho derecho.

[9] Siglas empleadas para referirnos al Código Fiscal de la Federación.

[10] La inconstitucionalidad de una norma no solo surge de su disparidad con la Constitución, también se materializa de su disparidad con una norma que realice un correcto desarrollo de la cláusula Constitucional que contenga la garantía expresa a un derecho humano. Conviene consultas la tesis aislada cuya voz ”LEYES. SU INCONSTITUCIONALIDAD PUEDE DERIVARSE DE LA CONTRADICCIÓN CON OTRA LEY, A TRAVÉS DE LA DEMOSTRACIÓN DE TRANSGRESIÓN A LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA POR LA NORMA APLICADA EN PERJUICIO DEL QUEJOSO.” Puede ser localizada con su número de registro: 185138. También se sugiere consultar la tesis de jurisprudencia por reiteración de numero de registro:161139.

[11] Este Buro de Crédito, a su vez, transgrede de manera horizontal el derecho humano de protección a la vida privada y los datos personales de los particulares. Es totalmente contraria a lo que desarrolla la Ley Federal de Protección a los Datos Personales en Posesión de Particulares.

[12] Expresión usada para referirse a las personas en las que se puede confiar.

La Obligación de Promover los Derechos Humanos (Primera parte)

Sergio A. Villa

Sin lugar a dudas la reforma constitucional en materia de protección a derechos humanos de junio del 2011 introdujo diversos paradigmas para la mecánica jurisdiccional de nuestro estado mexicano. Si bien es cierto, los prolegómenos de  dicha reforma ya se encontraban dispersos para su aplicación a través de los postulados de los tratados internacionales que han sido adoptados[1], es importante señalar que dicha reforma impulsó un cambio de perspectiva sobre la forma en la que los operadores del derecho, concebían idealmente y realmente, la aplicación de las normas y la actuación de las autoridades en relación a su trascendencia en la esfera de derechos del gobernado. Generó el despertar de la vocación constitucionalista  que todo científico del derecho lleva dentro de su conciencia jurídica[2]. Y no solo ha sido la mecánica jurisdiccional la que se ha visto impactada por dicha reforma, en general, toda actividad del Estado ha tenido que acotarse a tan importante expresión del Constituyente permanente.

Principios como el pro persona, de interpretación conforme, de interdependencia, indivisibilidad y progresividad, fueron tasados en el texto del artículo primero Constitucional, materializando así, no solo un cambio de denominación en el primer título de nuestra Carta Magna, sino todo un compromiso del estado mexicano con sus gobernados. Pero no escapa a nuestra atención que también se ha empleado la palabra “promover” como parte de las obligaciones de todas las autoridades del estado mexicano, y la idea que pretendemos plasmar puede parecer totalmente irracional para una muy enraizada cultura jurídica cuya cuadratura es preponderantemente iuspositivista, pero atendiendo al aspecto normativo de la Constitución[3], puede generar  toda una línea de acción y de investigación que muy seguramente se desarrollará en los próximos y mediatos años.

El tercer párrafo del artículo primero Constitucional señala diversos mecanismos tendientes a proteger los derechos fundamentales, tomaremos dos palabras de dicho artículo para componer el concepto de “obligación de promover los derechos humanos”.

Primero, la figura  “obligación” resulta ser producto de la simbiosis del derecho y la moral [4] [5]. El maestro Gutiérrez y González, en la doctrina que ha desarrollado sobre las obligaciones la define como “la necesidad jurídica de cumplir voluntariamente una prestación de carácter patrimonial (pecuniaria o moral),  a favor de un sujeto que eventualmente puede llegar a existir, o a favor de un sujeto que ya existe”[6].

La voluntad del Constituyente permanente, en definitiva y porque de manera expresa así lo estableció en el artículo primero Constitucional, ha sido establecer un imperativo para todos los entes que componen al estado que cuenten con las características de ser una autoridad sin distinción de esfera de gobierno o de nivel de gobierno; la obligación de promover los derechos fundamentales. Una actividad ineludible para toda autoridad  y que debería de observarse de manera voluntaria. Tomando en cuenta la naturaleza de dicha obligación[7], podemos afirmar que la necesidad jurídica de que el estado observe determinada conducta para cumplir una serie de prestaciones en favor de los gobernados, resulta ser de alto mérito y parte de la propia necesidad de que los seres humanos constituyeran un estado.

Ahora, el ejercicio de descomposición del concepto promoción de los derechos fundamentales, nos posiciona en la necesidad de estudiar lo que debemos comprender por “promoción”.

La palabra promover, (Del lat. promovēre) según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española tiene 3 posibles significados; 1.  Iniciar o impulsar una cosa o un proceso, procurando su logro. 2. Levantar o elevar a alguien a una dignidad o empleo superior al que tenía. 3.  Tomar la iniciativa para la realización o el logro de algo. 

Continuando con el proceso de desarticulación del concepto que se extrajo del primer artículo de la Constitución,  consideramos que en cualquier ejercicio de análisis en que tengamos que sentar una definición de derechos fundamentales, aquella más autorizada es la que nos ha dado Luigi Ferrajoli: “son derechos fundamentales todos aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a todos los seres humanos en cuanto dotados del status de personas, de ciudadanos o personas con capacidad de obrar; entendiendo por derecho subjetivo cualquier expectativa positiva (de prestaciones) o negativa (de no sufrir lesiones) adscrita a un sujeto por una norma jurídica;  y por status la condición de un sujeto, prevista asimismo  por una norma jurídico positiva, como presupuesto de su idoneidad para ser titular de situaciones jurídicas y/o autor de los actos que son ejercicio de éstas. “[8]

Integrando los puntos analizados[9] podemos definir el concepto de “La Obligación de Promover los Derechos Humanos”, como la actividad positiva que debe observar la autoridad de forma espontánea e imperativamente voluntaria,  de impulsar el ejercicio y pleno goce de los derechos fundamentales de los gobernados, inclusive, sobre la pasividad de estos para ejercitarlos o acercarse a ellos. Obligación frente a la cual, el gobernado se encuentra legitimado para reclamar el cumplimiento por parte de la autoridad cuando es omisa en observar dicha obligación.[10] 

Tal afirmación se sostiene tomando en cuenta el fin filosófico más importante de la constitución de un Estado que es, procurar el bien común. El nexo que nace entre los gobernados -como parte del estado mismo- y el poder público ejercido a través de sus autoridades, es producto de las múltiples consecuencias que se generaron cuando el ser humano decidió, de forma voluntaria, renunciar a su absoluta libertad para crear al estado y así poder mantener de forma adecuada la convivencia social. Entonces, si la necesidad del estado fue -era, es y seguirá siendo- procurar el bien de los miembros que lo conformaron, no resulta ser tan descabellado llegar a la conclusión de que el estado debe de velar por los derechos de los gobernados y tomarles la mano cual padre lo hace con un hijo, para mostrarle como caminar.

El concepto de promoción de los derechos humanos no solo tiene una misión de difusión mediática, como comúnmente lo hemos concebido, ese es solo uno de los aspectos que integran el cumplimiento de la obligación de promover los derechos humanos. Otra actividad que puede agregarse para el cumplimiento de dicha obligación, definitivamente, es implementar programas gubernamentales para identificar sujetos que vean vulnerados sus derechos fundamentales por la omisión de alguna de las autoridades del estado mexicano; identificar y subsanar dichas omisiones creando las estructuras normativas o de acción necesarias para que esos gobernados sean restituidos en el pleno goce de aquel o aquellos derechos humanos que han sido desterrados de su concepción psíquica.

Itérese en la idea de que las enmiendas de nuestra Constitución Política y, en general, cualquier determinación normativa, sean susceptible de materializarse no solo en un campo ideal sino real. Es decir, el texto de los instrumentos normativos creados por los poderes encomendados para tal caso, no solo deben ser un ejercicio de buena voluntad, o de mera redacción legal, y es aquí en donde las aspiraciones de las autoridades de los 3 poderes deben armonizar en un mismo tono la melodía de la justicia; autoridades que crean leyes justas, autoridades que ejecutan dichas leyes en favor del gobernado y autoridades que, ante una eventual transgresión de los derechos que dichas leyes contienen, resuelven la controversia a favor del gobernado para que sea restituido en el pleno goce del derecho violentado.

Concluyo con la siguiente idea para provocar el debate. Todo mexicano, como lo precisa el artículo 4 de nuestra Constitución, tiene derecho al suministro de agua potable para uso personal; un servicio de calidad y a un precio asequible. También la Constitución señala que el suministro de agua potable y alcantarillado corresponde a la célula municipal.  Bueno, imaginemos que un gobernado no tiene en su casa suministro de agua potable, es más, no hay servicio de agua potable en toda su colonia. Sin duda alguna, al no contar con el servicio que consiste en dotar al gobernado de ese derecho fundamental, existe una omisión de la autoridad que puede ser sancionada pues está incumpliendo con su obligación de promover el derecho fundamental de esos gobernados al agua potable para uso personal. No debe mediar solicitud del gobernado para que se le instale el servicio de agua potable, pues es la autoridad la que, inclusive ante la pasividad del gobernado de reclamar su derecho, tendría que llevarlo a él. De ese tamaño es la importancia de que las autoridades cumplan con la obligación de promover los derechos humanos. Muchos gobernados no los conocen, ignoran que son y cuáles son sus derechos fundamentales y esta, sería la única forma de que tengan asegurada aquella prerrogativa necesaria para que se desarrollen de forma plena y vital en sociedad.

Ahora, según lo que se ha desarrollado en el presente escrito: ¿Qué piensan acerca de la obligación de promover, por ejemplo, el derecho humano a la vivienda digna,  el derecho humano a una alimentación sana, el derecho humano al arte o el derecho humano a un medio ambiente sano? ¿Qué actividad del estado creen que sería adecuada para dar cumplimiento a dicha obligación de promoverlos? ¿Creen que en nuestro país, según la idea que plasmo el constituyente en la Carta Magna, las autoridades promueven esos derechos?

………………………….Difícil.

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[1] El proceso de adopción de un tratado internacional en México supone dos momentos. Un primer momento que corresponde a aquel en que el plenipotenciario de un Estado (por sí mismo u otorgando la constancia de acreditación de delegación de los plenos poderes para celebrar un acuerdo internacional a determinado funcionario) comparece para la firma de dicho tratado en un acto protocolario entre naciones. Y un segundo momento, que es aquel en que el Tratado firmado es aprobado por el Senado conforme a lo que disponen los artículos 76, fracción I y 89, fracción X, de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, y se Ordena su publicación el Diario Oficial de la Federación.

[2] Y no solo una vocación Constitucionalista, sino una vocación internacionalista.

[3] Haciendo apología del ilustre Dr. José Ramón Cossío Díaz quien, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara edición 2013, hablaba sobre la concepción clásica de la Constitución, que es un conjunto de principios y valores que parecieran quedar en aspiraciones meramente retoricas, versus la concepción normativa de la constitución como un conjunto de disposiciones jurídicas que, como todo ordenamiento, son creadas para regular aspectos de la vida de un Estado y por ende, no solo deben de ser muestra de la buena voluntad del Constituyente, sino susceptibles de verse materializadas en la realidad.

[4]  La necesidad de este artículo es refrendar las teorías sobre la reconexión entre la moral y el derecho como la máxima sobre la cual descansan los principios rectores de la protección de los derechos fundamentales, ponderando el aspecto meramente formal del derecho al que hacía referencia Aristóteles denominándolo como  la Justicia Distributiva; versus la justicia correctiva, ejercicio de ponderación que se realiza sobre las particularidades de la conducta observada por un humano y su especial característica como ser, para poder individualizar la norma a su especial situación y no transgredir su espíritu, dotando de justicia eficaz a las reglas cuadradas del derecho que, en muchas ocasiones, resultan no ser justas.

[5] López Sánchez, Rogelio, Interpretación Constitucional de los Derechos Fundamentales; Nuevos paradigmas hermenéuticos e interpretativos, Editorial Porrúa, pagina 2.

[6] Gutiérrez y González, Ernesto, Derecho de las Obligaciones, Editorial Porrúa, Decimosegunda edición, primera reimpresión, México, 1998.

[7] Una obligación que nace del texto de la norma habilitadora de todo el orden jurídico del estado mexicano.

[8]  Ferrajoli, Luigi,  Los Fundamentos de los Derechos Fundamentales. Editorial Trotta, Madrid, 2001, pág. 19

[9] Empleando un silogismo bastante sencillo para poder ampliar el margen de comprensión de esta idea y no solo acotarla al foro de abogados.

[10] Dicha legitimación se vuelve patente con la expresión Constitucional que señala la procedencia del juicio de amparo en contra de las omisiones de las autoridades de cumplir aquellas obligaciones que impone el propio texto de la Constitución o demás normas generales.