"Que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo
escuche, lo ampare y lo defienda en contra del arbitrario"
José María Morelos y
Pavón.
Bien, juzgadores y justiciables,
acostumbrados a la clásica fórmula de interpretación del artículo 17
Constitucional, consideraban que el acceso
efectivo a la impartición de justicia
se materializaba al tener un tribunal que se encontrara presto para escuchar
las alegaciones de correspondencia de un determinado derecho. Sin embargo, en
una reflexión más progresista se hace necesario precisar algunos puntos del
alcance del artículo 17 de nuestra norma habilitadora.
Que el gobernado
cuente con un tribunal que imparta justicia conforme a los prolegómenos que
integran dicha garantía, no resulta ser de manera aislada, la única forma en
que el estado protege ese acceso a la impartición de
justicia. Claro es, que la garantía de acceso a la impartición de
justicia, no solo debe de concebirse desde un punto de vista meramente
dogmático, sino que, también, debe de tenerse presente el elemento real del
acceso a la impartición de justicia;
la posibilidad de que el gobernado acceda a un tribunal en el cual se realice
el ejercicio jurisdiccional de forma adecuada. Si el Estado tiene la misión de
procurar el bien común mediante el ejercicio de la administración, la
jurisdicción y la creación del ordenamiento que promueva dicho bien
común, evidentemente también es
misión del estado crear las células que permitan que todo individuo de su
territorio pueda gozar de las prerrogativas fundamentales
inherentes a su calidad como ser humano y de aquellos derechos que surgen de la
mecánica de la convivencia social en relación con el ejercicio de regulación de
la conducta del ser humano, realizado por el ente Estado. Entonces podemos
sostener que el acceso a la justicia también cuenta con un elemento fáctico, es
decir, el acceso a la justicia desde una interpretación ampliada puede comprenderse como
la posibilidad de que esos tribunales a los que el gobernado puede comparecer a
plantear una controversia, se encuentren al acceso rápido, sencillo
y sin obstáculos para el gobernado; claro, un acceso territorial.
Supongamos que se
tuviese un determinado órgano judicial, pero que este órgano judicial se
encuentra en una metrópoli de
difícil acceso para los grupos vulnerables, o viceversa, entonces dogmáticamente se habrá cumplimentado la obligación del estado de
proporcionar un tribunal para resolver conflictos derivados de una controversia
de derechos, pero realmente, el estado no estaría cumpliendo de forma completa
con el acceso del gobernado a ese derecho, quedaría incólume la voluntad y
necesidad del Constituyente al establecer la garantía de acceso efectivo de los
gobernados a un tribunal que imparta “JUSTICIA”.
Una perspectiva más
amplia de lo que pretende el acceso a la impartición de
justicia, como lo señala Hernando Devis Echandia,
implica que “no se trata de que en cada lugar exista un juez,
pero sí de que no haya ninguno que no esté sometido a la competencia de algún
juez. Porque la jurisdicción es un derecho subjetivo del Estado para someter a
ella a toda persona natural o jurídica, que se encuentre dentro del territorio
nacional; pero es también una obligación del Estado, para prestar con
ella el servicio de administración de justicia a toda persona que lo solicite y
en todo el territorio nacional”.[1] Es decir, una
interpretación más amplia debe conducirnos a afirmar que el derecho de acceso a
la justicia no se limita a consignar la posibilidad meramente formal de acudir
ante los tribunales para formular pretensiones o defenderse de ellas; sino que
implica, además, el deber del Estado de remover todos aquellos obstáculos
materiales que impidan o dificulten el acceso efectivo de las personas a los
tribunales.[2]
Abandonada dicha
teoría, es necesario volver a retomar el cauce de la interpretación progresiva
del artículo 17 Constitucional, para arribar a la conclusión clara y
contundente de que no solo deberá de darse una interpretación dogmática del
artículo 17 Constitucional, sino que será de capital importancia poder llevar
al campo real lo que la voluntad del Constituyente, reflejada en la premisa del
artículo 17 Constitucional, busca proteger; que los justiciables tengan un tribunal de impartición de justicia, que cuente con
todos los elementos necesarios para que se tenga un acceso efectivo y real a
la impartición de justicia, de
forma completa, sin ningún tipo de obstáculo o barrera. Corolario de lo
anterior cobra aplicación el siguiente criterio interpretativo;
ARTICULO 17 CONSTITUCIONAL.
La garantía que establece este
precepto, de que los tribunales estarán expeditos para administrar la justicia,
significa que el poder público debe proveer a la instalación de los tribunales
que la Constitución Federal y las Constituciones de los Estados instituyan, y
dotarlos de los elementos necesarios que hagan posible su funcionamiento, y no que los Jueces resuelvan
sin apegarse a las leyes, los juicios que se sometan a su decisión, y las violaciones
a las leyes del procedimiento o
a las de fondo, en el ramo civil, no pueden ser materia de la violación del
artículo 17 de la Constitución Federal.[3]
Ya que la
protección de un derecho amplía su espectro hasta los límites de la
argumentación y aquellos que, atendiendo al principio de razonabilidad, la norma puede establecer, y
por no encontrarse ninguna limitación para dar cabida a la presente interpretación,
es entonces, que es obligación del Estado crear Órganos que diriman los
conflictos de derechos, y el estado, en cumplimiento de
dicha obligación tendrá que dotar de todos y cada uno de los elementos
necesarios a dichos tribunales para que el justiciable pueda acudir a ellos
(elemento real) a promover sus alegaciones (elemento dogmático) de manera
cómoda. No por ello tenemos que pensar en que esta medida pueda ser el cumplimiento de un capricho a un
determinado grupo, por el contrario, el derecho y los
esquemas programáticos tienen que buscar ajustar a cada grupo, a cada
individuo, la protección o desarrollo de un derecho; es esa
la máxima de un Estado Constitucional, Social y Democrático de
Derecho. Un estado que se rige bajo los postulados de justicia y equidad; un
estado que a cada persona da lo suyo en la medida en la que le corresponde y un
estado que igual protege a ricos como protege a pobres.
[1] Devis Echandía, Hernando, Teoría
general del proceso, Buenos Aires, Editorial Universidad, 1997, pp. 130 y 131.
[2] Ovalle Favela, José, Garantías
constitucionales del proceso, México, McGraw- Hill, 1996,
p. 290.
[3] Semanario Judicial de la Federación,
Quinta Época, Tercera Sala, Tomo LXXIV, Página 2893
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