¿En qué se equivoco el SAT?

Sergio A. Villa

Es complicado entender el frenesí de las autoridades durante la gestión del presidente Enrique Peña Nieto. El Congreso de la Unión aprueba reformas Constitucionales  de manera arrebatada sin un apropiado debate por consigna y crea leyes al vapor, y todo por seguir el ritmo de un documento llamado “Pacto por México” que no es otra cosa que un cabildeo expresado en una hoja de papel. Tenemos un poder judicial federal que podría no salir tan perjudicado en la crítica de su ejercicio, pero bueno, ese es tema para discutir en otra ocasión. Por otro lado, tenemos un poder ejecutivo que toma decisiones de forma intempestiva, reflejo de aquella oscura historia que todos conocen y todos cuentan.  Enfoquémonos en lo que sucedió hace algunos días, cuando el Sistema de Administración Tributaria (mejor conocido por sus siglas SAT) decidió hacer pública una lista de contribuyentes morosos en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Esa lista también contiene nombres de aquellas personas de las cuales “desconoce” –ó dice desconocer- su domicilio. Es sencillo determinar lo que el SAT busca con esa lista. Presionar a los contribuyentes morosos y exhibirlos. No podríamos pensar en algo más.

Realicemos un análisis jurídico de la medida desde el ámbito del orden jurídico nacional.

Para ser claros y no perdernos en conocimiento que ya ha sido desarrollado en demasía, extraemos del artículo primero Constitucional la máxima de que todas las autoridades deben respetar los derechos humanos que el estado mexicano ha reconocido y protegido a través de su precisión en  la Constitución y en las normas generales que nacen consecuencia de su propio texto[1]. Claro, claro, también aquellos que se encuentran en los tratados internacionales[2]. La Constitución precisa que dicha obligación corresponde a todas las autoridades, es decir, no se establece ningún tipo de distinción.

La voluntad del constituyente ha sido otorgar una protección expresa para el  derecho a la vida privada y de protección a los datos personales. El derecho humano[3] que referí anteriormente comienza a desarrollarse de forma modesta en el artículo sexto constitucional en su apartado A, fracción II; el punto que nos interesa dice que “La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes”.  Dicho artículo señala que toda la información en posesión de cualquier autoridad es pública, pero establece excepciones sobre la información que se refiera a la vida privada de las personas y a sus datos personales.

Continuando con el análisis de la constitución sobre la privacidad y los datos personales, el artículo 16 se vio reformado para ahora establecer una garantía de protección a los datos personales de los gobernados. Dice dicho artículo que “Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.”  Consecuencia de dicha observación del constituyente se creó la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, lo que nos podría llevar a pensar que entonces lo que el artículo 16 señala sobre la protección a datos personales no vincula a las autoridades, sino a los particulares. De pensar así estaríamos errando en la técnica de interpretación de la constitución. Recordemos que la constitución contiene principios generales, abstractos y neutros sobre la protección de la dignidad humana, por tal motivo, el artículo 16 también forma parte de los componentes de la protección a la vida privada y los datos personales de los particulares. La obligación de respetar el derecho humano a la privacidad y a los datos personales no solo vincula a las autoridades, sino también a los propios particulares, atendiendo a la doctrina sobre el respeto de los derechos humanos de manera horizontal[4]. Pero no perdamos de vista el punto a tratar, sigue siendo la protección a la privacidad y los datos personales por parte de las autoridades.

En resumen, los datos personales y la vida privada de las personas se encuentra protegida por la constitución y por el eco de la constitución a través de las normas generales que desarrollen los mecanismos para la protección de dicho derecho.

Tenemos una Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, y una Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental[5]; la primera regula la conducta de los particulares, mientras que la segunda la conducta de las autoridades[6].

Podemos encontrar una definición legal[7] de datos personales en el artículo 3, fracción II,  de la  LFTAIPG. Nos dice el artículo citado que debemos comprender por datos personales “cualquier información concerniente a una persona identificada o identificable”. De nueva cuenta, sin hacer distinción al tipo de información.

En el estudio que hicimos sobre la LFTAIPG advertimos que también se señala que, para que la información relativa a datos personales pueda ser sometida al dominio público, deberá mediar autorización previa del titular de dicha información. Tal determinación se lee del artículo 21 de la LFTAIPG, cuyo texto dice:

Artículo 21. Los sujetos obligados (autoridades de la administración publica federal) no podrán difundir, distribuir o comercializar los datos personales contenidos en los sistemas de información, desarrollados en el ejercicio de sus funciones, salvo que haya mediado el consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación similar, de los individuos a que haga referencia la información.

(Lo resaltado no es de origen, como tampoco lo es el texto entre paréntesis)

Entonces, la Constitución establece que todas las autoridades deberán  promover, respetar, proteger, tutelar y garantizar de forma obligatoria el derecho de los gobernados a la vida privada y la protección de sus datos personales. Podemos comprender por datos personales toda la información referente a una persona[8] identificada o identificable. Si bien es cierto, toda la información que se encuentre en posesión de las autoridades es de carácter público no menos cierto es que, como lo señala la Constitución, la información privada y los datos personales serán protegidos en los términos y con las excepciones que las leyes secundarias establezcan. La LFTAIPG señala que para que la información referente a la vida privada de los gobernados y sus datos personales pueda ser sometida al dominio público, deberá de mediar autorización expresa del gobernado titular de dicha información, resaltamos que la autorización deberá de ser previa a que se divulgue dicha información.

 Esencialmente, el conflicto surge a partir del texto del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, que determina que la información pública en posesión del  SAT será reservada, pero estableciendo una excepción:

“La reserva a que se refiere el primer párrafo de este artículo no resulta aplicable respecto del nombre, denominación o razón social y clave del registro federal de contribuyentes de aquéllos que se encuentren en los siguientes supuestos:

I. Que tengan a su cargo créditos fiscales firmes.

 II. Que tengan a su cargo créditos fiscales determinados, que siendo exigibles, no se encuentren pagados o garantizados en alguna de las formas permitidas por este Código.

 III. Que estando inscritos ante el registro federal de contribuyentes, se encuentren como no localizados.

 IV. Que haya recaído sobre ellos sentencia condenatoria ejecutoria respecto a la comisión de un delito fiscal.

 V. Que tengan a su cargo créditos fiscales que hayan sido afectados en los términos de lo dispuesto por el artículo 146-A de este Código.

 VI. Que se les hubiere condonado algún crédito fiscal.”

                 Luego entonces, dicha porción normativa habilita al SAT para publicar en su portal una lista con nombre, denominación o razón social y clave del registro federal de contribuyentes, de aquellas personas que encuadren en alguno de los apartados del artículo anteriormente señalado. Se establece un procedimiento “de aclaración” para inconformarse con dicha publicación, permitiéndosele al gobernado aportar pruebas para reforzar sus manifestaciones sobre su inconformidad.

Advertimos una antinomia entre normas. Por su parte, la LFTAIPG señala que los datos personales de los gobernados deberán de ser protegidos y solo podrán ser dados a conocer cuando medie autorización expresa del titular de dichos datos de manera previa, pero el CFF[9] habilita al SAT  realizar la publicación de dichos datos personales sin tomar en cuenta la hipótesis normativa de la LFTAIPG. El artículo 69 del CFF y el diverso artículo 21 de la LFTTAIPG se contraponen de manera evidente y, atendiendo al principio pro persona contenido en el artículo primero de la Constitución, deberá prevalecer como Constitucional aquella porción normativa que prevé  un espectro de protección más amplio del derecho humano a la vida privada y de datos personales, es decir, la hipótesis del artículo 21 de la LFTAIPG[10].

¿Cómo afecta a los particulares esta medida incorrecta?

Cuando una persona busca solicitar un crédito con alguna institución, como ya es bien sabido, estas empresas recurren de manera habitual a una herramienta del mal llamada “Buró de Crédito[11]”. Las instituciones crediticias consultan el record de sus prospectos a clientes para ver su comportamiento de pago con las diversas instituciones con las cuales tienen alguna obligación de pago derivada de otro crédito ó servicio con pago a crédito, para determinar si son personas de fiar[12]. Bueno, así podría pasar con esos contribuyentes, de ese modo podrían ver afectadas sus empresas o actos jurídicos que les generen algún tipo de ingreso. Así podría verse afectada la celebración de un contrato de crédito para que puedan impulsar su actividad mercantil, es decir, la medida podría afectar su honor, su dignidad como personas, lo que resulta ser totalmente contrario a las aspiraciones de Justicia de nuestro estado Constitucional de Derecho. También los señalamientos en los medios de comunicación, las burlas, o las notas rojas en las publicaciones.

¿En qué se equivocó el SAT?

Luego del desarrollo anterior la respuesta es clara. El SAT, siendo una autoridad federal se encuentra obligada a respetar el derecho humano de los gobernados a la vida privada y la protección de sus datos personales. Sus actos deben ser atinentes a la expresión constitucional del principio pro persona y, de advertir una contradicción entre las normas que regulan  lo relativo al tratamiento de información privada y datos personales, debió aplicar aquella que prevé un espectro de protección más amplio, esa es la obligación que la constitución les impone. Por lo contrario, hacer pública la dichosa lista negra con el nombre de los contribuyentes morosos y su clave del registro federal de contribuyente, resulta ser contraria a los principios constitucionales de respeto al derecho humano a la vida privada y datos personales, y a su desarrollo en las normas generales.

¿Qué debió hacer el SAT en relación a la publicación de datos de contribuyentes incumplidos?

Sencillo, los litigantes que han incoado un proceso de amparo darán testimonio de ello. SAT, debió notificar de forma adecuada a los contribuyentes su intención de publicar una lista en la que se mencionaran sus datos personales con motivo de lo que expresa el artículo 69 del CFF, otorgándoles un plazo razonable para que manifestaran si era su deseo que sus datos fuesen publicados o no. De no recibirse respuesta en el plazo señalado, debería de comprenderse que no era su voluntad que aparecieran sus datos personales en esa lista. Así es como se desarrolla la actividad de tutela del derecho de protección a la vida privada y datos personales en los tribunales de amparo.

La lista sigue publicada en el portal del SAT, y ya se ha iniciado la ola de amparos en contra de dicho acto de autoridad, solo queda esperar las resoluciones que puedan generarse o que el SAT, ceda ante dicha presión. Por otro lado, existe una responsabilidad que puede afectar aspectos patrimoniales de los particulares y que no seria totalmente resarcida con la sentencia de amparo. Lo relativo a la reparación de los daños ocasionados a una persona por la violación a un derecho fundamental es un tema para analizar, claro, posteriormente...

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[1] No solo la Constitución se refiere a los derechos humanos; todo el ordenamiento jurídico contiene expresiones sobre los derechos humanos.

[2] La moda del derecho internacional nos hace buscar ideas para justificar lo que nuestro derecho interno protege de forma clara y con mayor espectro que el propio derecho internacional.

[3] Como podrán notarlo, en esta ocasión empleo más el concepto derechos humanos. Procuro usar el de “derechos fundamentales”, pero definitivamente hay notas distintivas entre uno y otro que serán motivo de un análisis posterior.

[4] La que no solo queda en aspiraciones meramente dogmáticas, sino que ya ha comenzado a gestar criterios interpretativos del poder judicial federal que son vinculantes. Para ver algo acerca de ello, recomendamos la tesis aislada y su correspondiente ejecutoria,  que se identifica con el siguiente número de registro: 166676.

[5] A la que haremos alusión con las siglas LFTAIPG.

[6] Manifestación que es clara, pero se vuelve patente con lo expresado por el legislador en dicha ley en su artículo 3, fracción XIV, precisando quienes son los sujetos obligados.

[7] Entendiendo el concepto “definición legal”, como la acción que consiste fijar con claridad y precisión la significación de una palabra en determinado compendio normativo.

[8] La Constitución señala personas, sin hacer distinción –de nueva cuenta- entre personas físicas o jurídicas, ergo, todo tipo de persona tiene garantizado dicho derecho.

[9] Siglas empleadas para referirnos al Código Fiscal de la Federación.

[10] La inconstitucionalidad de una norma no solo surge de su disparidad con la Constitución, también se materializa de su disparidad con una norma que realice un correcto desarrollo de la cláusula Constitucional que contenga la garantía expresa a un derecho humano. Conviene consultas la tesis aislada cuya voz ”LEYES. SU INCONSTITUCIONALIDAD PUEDE DERIVARSE DE LA CONTRADICCIÓN CON OTRA LEY, A TRAVÉS DE LA DEMOSTRACIÓN DE TRANSGRESIÓN A LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA POR LA NORMA APLICADA EN PERJUICIO DEL QUEJOSO.” Puede ser localizada con su número de registro: 185138. También se sugiere consultar la tesis de jurisprudencia por reiteración de numero de registro:161139.

[11] Este Buro de Crédito, a su vez, transgrede de manera horizontal el derecho humano de protección a la vida privada y los datos personales de los particulares. Es totalmente contraria a lo que desarrolla la Ley Federal de Protección a los Datos Personales en Posesión de Particulares.

[12] Expresión usada para referirse a las personas en las que se puede confiar.