La Obligación de Promover los Derechos Humanos (Primera parte)

Sergio A. Villa

Sin lugar a dudas la reforma constitucional en materia de protección a derechos humanos de junio del 2011 introdujo diversos paradigmas para la mecánica jurisdiccional de nuestro estado mexicano. Si bien es cierto, los prolegómenos de  dicha reforma ya se encontraban dispersos para su aplicación a través de los postulados de los tratados internacionales que han sido adoptados[1], es importante señalar que dicha reforma impulsó un cambio de perspectiva sobre la forma en la que los operadores del derecho, concebían idealmente y realmente, la aplicación de las normas y la actuación de las autoridades en relación a su trascendencia en la esfera de derechos del gobernado. Generó el despertar de la vocación constitucionalista  que todo científico del derecho lleva dentro de su conciencia jurídica[2]. Y no solo ha sido la mecánica jurisdiccional la que se ha visto impactada por dicha reforma, en general, toda actividad del Estado ha tenido que acotarse a tan importante expresión del Constituyente permanente.

Principios como el pro persona, de interpretación conforme, de interdependencia, indivisibilidad y progresividad, fueron tasados en el texto del artículo primero Constitucional, materializando así, no solo un cambio de denominación en el primer título de nuestra Carta Magna, sino todo un compromiso del estado mexicano con sus gobernados. Pero no escapa a nuestra atención que también se ha empleado la palabra “promover” como parte de las obligaciones de todas las autoridades del estado mexicano, y la idea que pretendemos plasmar puede parecer totalmente irracional para una muy enraizada cultura jurídica cuya cuadratura es preponderantemente iuspositivista, pero atendiendo al aspecto normativo de la Constitución[3], puede generar  toda una línea de acción y de investigación que muy seguramente se desarrollará en los próximos y mediatos años.

El tercer párrafo del artículo primero Constitucional señala diversos mecanismos tendientes a proteger los derechos fundamentales, tomaremos dos palabras de dicho artículo para componer el concepto de “obligación de promover los derechos humanos”.

Primero, la figura  “obligación” resulta ser producto de la simbiosis del derecho y la moral [4] [5]. El maestro Gutiérrez y González, en la doctrina que ha desarrollado sobre las obligaciones la define como “la necesidad jurídica de cumplir voluntariamente una prestación de carácter patrimonial (pecuniaria o moral),  a favor de un sujeto que eventualmente puede llegar a existir, o a favor de un sujeto que ya existe”[6].

La voluntad del Constituyente permanente, en definitiva y porque de manera expresa así lo estableció en el artículo primero Constitucional, ha sido establecer un imperativo para todos los entes que componen al estado que cuenten con las características de ser una autoridad sin distinción de esfera de gobierno o de nivel de gobierno; la obligación de promover los derechos fundamentales. Una actividad ineludible para toda autoridad  y que debería de observarse de manera voluntaria. Tomando en cuenta la naturaleza de dicha obligación[7], podemos afirmar que la necesidad jurídica de que el estado observe determinada conducta para cumplir una serie de prestaciones en favor de los gobernados, resulta ser de alto mérito y parte de la propia necesidad de que los seres humanos constituyeran un estado.

Ahora, el ejercicio de descomposición del concepto promoción de los derechos fundamentales, nos posiciona en la necesidad de estudiar lo que debemos comprender por “promoción”.

La palabra promover, (Del lat. promovēre) según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española tiene 3 posibles significados; 1.  Iniciar o impulsar una cosa o un proceso, procurando su logro. 2. Levantar o elevar a alguien a una dignidad o empleo superior al que tenía. 3.  Tomar la iniciativa para la realización o el logro de algo. 

Continuando con el proceso de desarticulación del concepto que se extrajo del primer artículo de la Constitución,  consideramos que en cualquier ejercicio de análisis en que tengamos que sentar una definición de derechos fundamentales, aquella más autorizada es la que nos ha dado Luigi Ferrajoli: “son derechos fundamentales todos aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a todos los seres humanos en cuanto dotados del status de personas, de ciudadanos o personas con capacidad de obrar; entendiendo por derecho subjetivo cualquier expectativa positiva (de prestaciones) o negativa (de no sufrir lesiones) adscrita a un sujeto por una norma jurídica;  y por status la condición de un sujeto, prevista asimismo  por una norma jurídico positiva, como presupuesto de su idoneidad para ser titular de situaciones jurídicas y/o autor de los actos que son ejercicio de éstas. “[8]

Integrando los puntos analizados[9] podemos definir el concepto de “La Obligación de Promover los Derechos Humanos”, como la actividad positiva que debe observar la autoridad de forma espontánea e imperativamente voluntaria,  de impulsar el ejercicio y pleno goce de los derechos fundamentales de los gobernados, inclusive, sobre la pasividad de estos para ejercitarlos o acercarse a ellos. Obligación frente a la cual, el gobernado se encuentra legitimado para reclamar el cumplimiento por parte de la autoridad cuando es omisa en observar dicha obligación.[10] 

Tal afirmación se sostiene tomando en cuenta el fin filosófico más importante de la constitución de un Estado que es, procurar el bien común. El nexo que nace entre los gobernados -como parte del estado mismo- y el poder público ejercido a través de sus autoridades, es producto de las múltiples consecuencias que se generaron cuando el ser humano decidió, de forma voluntaria, renunciar a su absoluta libertad para crear al estado y así poder mantener de forma adecuada la convivencia social. Entonces, si la necesidad del estado fue -era, es y seguirá siendo- procurar el bien de los miembros que lo conformaron, no resulta ser tan descabellado llegar a la conclusión de que el estado debe de velar por los derechos de los gobernados y tomarles la mano cual padre lo hace con un hijo, para mostrarle como caminar.

El concepto de promoción de los derechos humanos no solo tiene una misión de difusión mediática, como comúnmente lo hemos concebido, ese es solo uno de los aspectos que integran el cumplimiento de la obligación de promover los derechos humanos. Otra actividad que puede agregarse para el cumplimiento de dicha obligación, definitivamente, es implementar programas gubernamentales para identificar sujetos que vean vulnerados sus derechos fundamentales por la omisión de alguna de las autoridades del estado mexicano; identificar y subsanar dichas omisiones creando las estructuras normativas o de acción necesarias para que esos gobernados sean restituidos en el pleno goce de aquel o aquellos derechos humanos que han sido desterrados de su concepción psíquica.

Itérese en la idea de que las enmiendas de nuestra Constitución Política y, en general, cualquier determinación normativa, sean susceptible de materializarse no solo en un campo ideal sino real. Es decir, el texto de los instrumentos normativos creados por los poderes encomendados para tal caso, no solo deben ser un ejercicio de buena voluntad, o de mera redacción legal, y es aquí en donde las aspiraciones de las autoridades de los 3 poderes deben armonizar en un mismo tono la melodía de la justicia; autoridades que crean leyes justas, autoridades que ejecutan dichas leyes en favor del gobernado y autoridades que, ante una eventual transgresión de los derechos que dichas leyes contienen, resuelven la controversia a favor del gobernado para que sea restituido en el pleno goce del derecho violentado.

Concluyo con la siguiente idea para provocar el debate. Todo mexicano, como lo precisa el artículo 4 de nuestra Constitución, tiene derecho al suministro de agua potable para uso personal; un servicio de calidad y a un precio asequible. También la Constitución señala que el suministro de agua potable y alcantarillado corresponde a la célula municipal.  Bueno, imaginemos que un gobernado no tiene en su casa suministro de agua potable, es más, no hay servicio de agua potable en toda su colonia. Sin duda alguna, al no contar con el servicio que consiste en dotar al gobernado de ese derecho fundamental, existe una omisión de la autoridad que puede ser sancionada pues está incumpliendo con su obligación de promover el derecho fundamental de esos gobernados al agua potable para uso personal. No debe mediar solicitud del gobernado para que se le instale el servicio de agua potable, pues es la autoridad la que, inclusive ante la pasividad del gobernado de reclamar su derecho, tendría que llevarlo a él. De ese tamaño es la importancia de que las autoridades cumplan con la obligación de promover los derechos humanos. Muchos gobernados no los conocen, ignoran que son y cuáles son sus derechos fundamentales y esta, sería la única forma de que tengan asegurada aquella prerrogativa necesaria para que se desarrollen de forma plena y vital en sociedad.

Ahora, según lo que se ha desarrollado en el presente escrito: ¿Qué piensan acerca de la obligación de promover, por ejemplo, el derecho humano a la vivienda digna,  el derecho humano a una alimentación sana, el derecho humano al arte o el derecho humano a un medio ambiente sano? ¿Qué actividad del estado creen que sería adecuada para dar cumplimiento a dicha obligación de promoverlos? ¿Creen que en nuestro país, según la idea que plasmo el constituyente en la Carta Magna, las autoridades promueven esos derechos?

………………………….Difícil.

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[1] El proceso de adopción de un tratado internacional en México supone dos momentos. Un primer momento que corresponde a aquel en que el plenipotenciario de un Estado (por sí mismo u otorgando la constancia de acreditación de delegación de los plenos poderes para celebrar un acuerdo internacional a determinado funcionario) comparece para la firma de dicho tratado en un acto protocolario entre naciones. Y un segundo momento, que es aquel en que el Tratado firmado es aprobado por el Senado conforme a lo que disponen los artículos 76, fracción I y 89, fracción X, de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, y se Ordena su publicación el Diario Oficial de la Federación.

[2] Y no solo una vocación Constitucionalista, sino una vocación internacionalista.

[3] Haciendo apología del ilustre Dr. José Ramón Cossío Díaz quien, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara edición 2013, hablaba sobre la concepción clásica de la Constitución, que es un conjunto de principios y valores que parecieran quedar en aspiraciones meramente retoricas, versus la concepción normativa de la constitución como un conjunto de disposiciones jurídicas que, como todo ordenamiento, son creadas para regular aspectos de la vida de un Estado y por ende, no solo deben de ser muestra de la buena voluntad del Constituyente, sino susceptibles de verse materializadas en la realidad.

[4]  La necesidad de este artículo es refrendar las teorías sobre la reconexión entre la moral y el derecho como la máxima sobre la cual descansan los principios rectores de la protección de los derechos fundamentales, ponderando el aspecto meramente formal del derecho al que hacía referencia Aristóteles denominándolo como  la Justicia Distributiva; versus la justicia correctiva, ejercicio de ponderación que se realiza sobre las particularidades de la conducta observada por un humano y su especial característica como ser, para poder individualizar la norma a su especial situación y no transgredir su espíritu, dotando de justicia eficaz a las reglas cuadradas del derecho que, en muchas ocasiones, resultan no ser justas.

[5] López Sánchez, Rogelio, Interpretación Constitucional de los Derechos Fundamentales; Nuevos paradigmas hermenéuticos e interpretativos, Editorial Porrúa, pagina 2.

[6] Gutiérrez y González, Ernesto, Derecho de las Obligaciones, Editorial Porrúa, Decimosegunda edición, primera reimpresión, México, 1998.

[7] Una obligación que nace del texto de la norma habilitadora de todo el orden jurídico del estado mexicano.

[8]  Ferrajoli, Luigi,  Los Fundamentos de los Derechos Fundamentales. Editorial Trotta, Madrid, 2001, pág. 19

[9] Empleando un silogismo bastante sencillo para poder ampliar el margen de comprensión de esta idea y no solo acotarla al foro de abogados.

[10] Dicha legitimación se vuelve patente con la expresión Constitucional que señala la procedencia del juicio de amparo en contra de las omisiones de las autoridades de cumplir aquellas obligaciones que impone el propio texto de la Constitución o demás normas generales.